El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha presentado en Jerez el Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía a las distintas asociaciones andaluzas que representan al colectivo en Andalucía, y ha detallado que este programa beneficiará a prácticamente el 67% de este colectivo en edad de trabajar, más de 133.000 andaluces de los que 20.900 residen en la provincia de Cádiz.
En la ciudad de Jerez, son 3.300 las personas con discapacidad que se podrán acoger a sus 127 medidas, que cuentan con una inversión superior a los 414 millones de euros. De esta inversión global para Andalucía que se desarrollará hasta el año 2013, más de 62 millones irán destinados a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad de la provincia de Cádiz y unos 9,9 millones de euros a los de Jerez.
A lo largo de su intervención ante las distintas asociaciones, Antonio Fernández ha explicado que entre sus principales retos está conseguir que un amplio segmento de las personas que sufren alguna discapacidad que, actualmente, no muestran interés o no confían en poder formar parte del mercado de trabajo, se convenzan de que "tienen una oportunidad real de empleo" y acudan al Servicio Andaluz de Empleo para solicitar formación y asesoramiento. En este sentido, el consejero ha asegurado que en torno a 76.700 andaluces se encuentran en esta situación mientras que el paro registrado de las personas con discapacidad alcanza apenas el 6,3%.
El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad ha sido elaborado por una comisión en la que han estado presentes once direcciones generales de las consejerías de Justicia y Administración Pública; Innovación, Ciencia y Empresa; Empleo; Igualdad y Bienestar Social y Educación. También han formado parte de dicho grupo de trabajo representantes empresariales, sindicales y del movimiento asociativo relacionado con la discapacidad.
En Jerez, al encuentro celebrado que ha sido presidido por el consejero de Empleo, han asistido representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Confederación Andaluza de personas con Discapacidad Física y orgánica, así como nueve asociaciones regionales que agrupan a colectivos como discapacitados con parálisis cerebral; padres con hijos que sufren trastorno del espectro autista; sordos; la ONCE y otras organizaciones de afectados por enfermedades mentales.
Estructurado en seis áreas distintas, el primer capítulo del Plan, denominado Coordinación, Movilización y Participación de los Agentes, cuenta con un presupuesto de 15,57 millones de euros y tiene un carácter transversal a todo el plan. En este apartado figuran desde la firma de acuerdos con empresas; acciones de sensibilización como una guía de buenas prácticas; el fomento de la discapacidad como materia universitaria relevante en el currículum académico; foros de encuentro; formación a empleados públicos; medidas para hacer accesibles las web de la Junta de Andalucía a las personas con discapacidad o incentivos a la investigación.
El área Acceso y Permanencia en el Empleo es la de mayor envergadura tanto presupuestaria, con 357,43 millones, como normativa. Se recogen desde incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; la creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores que sufren alguna discapacidad; planes formativos específicos que incluyan un compromiso final de contratación en colaboración con las empresas o la celebración de una 'semana de la orientación' para difundir ofertas de trabajo entre el colectivo. En este capítulo también se incluye la reserva de un 5% de las plazas del programa de Escuelas Taller para personas con discapacidad; la ejecución de planes especiales de la Inspección de Trabajo y campañas informativas para que las empresas de más de 50 trabajadores cumplan con la cuota de un 2% de personas con discapacidad en sus plantillas.
Dedicada al Apoyo a la Iniciativa Empresarial, el área tres pretende fomentar el desarrollo de la actividad empresarial por parte del colectivo y cuenta con un presupuesto de 21,01 millones. Entre las medidas que recoge, se encuentran ayudas para su constitución como autónomos; microcréditos; asistencia técnica; agilización de trámites administrativos o facilitar su acceso a empresas de economía social.
El área cuatro se denomina Adecuación del Entorno Laboral. Con un gasto público de 2,38 millones, incluye iniciativas como el diseño de ayudas a las empresas para que eliminen barreras arquitectónicas o adecuen sus instalaciones a trabajadores que sufren alguna discapacidad o el impulso de cláusulas específicas en los convenios colectivos.
Dotada con 8,10 millones, el área Educación aborda programas especiales de entrenamiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación o la creación en las universidades de la figura del 'acompañante de apoyo'. También se recoge el desarrollo de software específico para facilitar la comunicación del alumnado y planes tutoriales para facilitar el tránsito desde la enseñanza secundaria obligatoria hacia estudios superiores. En el ámbito universitario, se apuesta por asegurar la accesibilidad arquitectónica. Por último, el área seis, presupuestada en 9,89 millones de euros, tiene un carácter transversal y se centra en dar prioridad en todas las medidas a las mujeres con discapacidad; personas con discapacidad intelectual, con enfermedades mentales y aquella población objetivo del plan que reside en zonas rurales.